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El derecho de ser indemnizado por la revocación de una concesión administrativa

31 enero, 2020
Cuando se produce una extinción de una concesión o licencia de uso de un bien de dominio público antes de la fecha de vencimiento de la misma, a diferencia de lo que ocurre con las autorizaciones, el administrado tiene derecho a ser indemnizado cuando concurren ciertos requisitos. En primer lugar, los artículos 92 y 93 de La Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, diferencian entre la revocación o extinción anticipada de las autorizaciones y concesiones. Y establecen que en el caso de las concesiones se excluye la posibilidad de que la Administración las revoque anticipadamente sin indemnizar al interesado, cuando esta indemnización proceda. Siguiendo con esta filosofía, el artículo 80.10 del Real Decreto 336/1988, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, establece que cuando se revoquen las concesiones de dominio público de forma anticipada los interesados tendrán derecho a ser indemnizados, si esta indemnización procede. Y en el mismo sentido se expresa el artículo 56 cuando habla de las licencias de uso sobre bienes de dominio público. Finalmente, para matizar y concretar estas disposiciones la jurisprudencia se ha encargado de concretar las reglas del cálculo de la cuantía de estas indemnizaciones. Pues se deberá indemnizar por el daño emergente (daño generado de forma directa) y por el lucro cesante (cantidades dejadas de percibir por causa de esta extinción). La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco 654/2012, de 18 de septiembre, de la Sección 1ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo se ha encargado de delimitar el alcance del lucro cesante. Y establece las siguientes reglas de cálculo de este concepto indemnizatorio: Para el cálculo se tendrán en cuenta varios criterios: a) El plazo pendiente hasta la fecha en que debería vencer la concesión. b) El rendimiento líquido de la concesión en los tres años anteriores a su extinción. c) El valor de las obras e instalaciones en su caso pendientes de amortización.

Novedades en la reforma de la regulación de los contratos de arrendamiento de vivienda

29 enero, 2020
Esta nueva reforma (Real Decreto-ley 7/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler) tiene como principales objetivos dar respuesta a las condiciones mínimas de estabilidad y seguridad del inquilino, la adopción de medidas urgentes que contribuyan al aumento de la oferta de vivienda en alquiler mediante el equilibrio de la posición jurídica del propietario y el inquilino, y estableciéndose estímulos económicos y fiscales. Las principales medidas de reforma incorporadas en el mencionado Real Decreto son las siguientes: –  Los arrendamientos con una duración inferior a los 5 años, o inferior a 7 años si el arrendador fuese persona jurídica, llegado el día del vencimiento del contrato, este se prorrogará obligatoriamente por plazos anuales hasta que el arrendamiento alcance una duración mínima de 5 años, o de 7 años si el arrendador fuese persona jurídica. Salvo que el arrendatario manifieste al arrendador, con 30 días de antelación como mínimo a la fecha de terminación del contrato o de cualquiera de las prórrogas, su voluntad de no renovarlo. – Cuando el arrendador sea persona física, una vez transcurrido el primer año de duración del contrato, este tiene la facultad de solicitar la disposición de la vivienda por causas de necesidad para destinarla a vivienda permanente para sí o sus familiares en primer grado de consanguinidad o por adopción o para su cónyuge. Ello siempre y cuando se hubiera dejado constancia de forma expresa en el contrato de arrendamiento. El arrendador deberá notificar al arrendatario la necesidad de disposición con un plazo de antelación de dos meses a la fecha en la que la vivienda se vaya a necesitar. Si transcurridos tres meses a contar de la extinción del contrato o, en su caso, del efectivo desalojo de la vivienda, no hubieran procedido el arrendador o sus familiares en primer grado de consanguinidad o por adopción o su conyugue a ocupar esta por sí, el arrendatario podrá optar, en el plazo de 30 días, entre ser repuesto en el uso y disfrute de la vivienda arrendada por un nuevo período de hasta 5 años, respetándose las condiciones contractuales existentes al tiempo de la extinción, con indemnización de los gastos que el desalojo de la vivienda le hubiera supuesto hasta el momento de la reocupación, o ser indemnización por una cantidad equivalente a una mensualidad por cada año que quedara por cumplir hasta completar 5 años. – Llegada la fecha del vencimiento del contrato, o de cualquiera de sus prórrogas, transcurridos como mínimo 5 años de duración de este, o 7 años si la persona fuere persona jurídica, si ninguna de las partes hubiese notificado a la otra, al menos con cuatro meses de antelación a aquella fecha en el caso del arrendador y al menos con dos meses de antelación en el caso del arrendatario, su voluntad de no renovarlo, el contrato se prorrogará obligatoriamente por plazos anuales hasta un máximo de 3 años más, salvo que el arrendatario manifieste al arrendador con un mes de antelación

El negocio jurídico de aportación de bienes privativos a la sociedad de gananciales

3 diciembre, 2019
En muchas ocasiones uno de los cónyuges aporta bienes privativos a la sociedad de gananciales. En esta ocasión nos encontramos ante la presencia de un negocio jurídico de carácter atípico no regulado expresamente en el Código Civil. En este negocio jurídico (la aportación de bienes privativos a la sociedad de gananciales) la beneficiaria directa es la propia sociedad de gananciales, y no el otro cónyuge. Aunque dicho cónyuge se beneficiará en el momento de proceder a la liquidación de la sociedad de gananciales. Y además, es requisito necesario para la validez de dicho negocio jurídico la concurrencia de ambos cónyuges. Es decir, se exige con carácter imperativo la aceptación de la donación en favor de la sociedad de gananciales. Cabe añadir que el presente negocio jurídico se encuentra sujeto al deber de constar de manera clara y evidente la voluntad de aportar el bien en cuestión a la sociedad de gananciales (SAP de Asturias de fecha 24 de mayo de 2013). La aportación de un bien privativo a la sociedad de gananciales puede ser gratuita u onerosa, y puede llevarse a cabo en varios momentos: i) La aportación del bien privativo en un pacto prematrimonial. ii) La inclusión de la aportación del bien privativo en el convenio regulador del divorcio. Atendiendo a la Resolución de la DGRN de 13 de marzo de 2015: “en vía de principios, las transmisiones adicionales de bienes entre cónyuges, ajenas al procedimiento de liquidación /y tales son las que se refieren a bienes adquiridos por los cónyuges en estado de solteros no especialmente afectos a las cargas del matrimonio), constituyen un negocio independiente, que exige acogerse a la regla general de escritura pública para su formalización”. Si bien, si se tratara de una vivienda familiar, no es de aplicación obstáculo registral alguno para que el convenio pueda contener el negocio jurídico de aportación de bienes privativos cuando el bien pertenece en pro indiviso a un cónyuge y a la sociedad de gananciales. iii) La aportación del bien privativo una vez disuelta la sociedad de gananciales.   En caso de aportar bienes inmuebles es un requisito imperativo que conste en escritura pública. Para el resto de aportaciones no se exige dicha formalidad registral, y se otorga validez al uso de documentación privada, o en su caso acuerdos verbales. Cualquier cónyuge debe ser consciente de que al aportar gratuitamente bienes privativos a la sociedad de gananciales se corre el riesgo de que ante un eventual divorcio el cónyuge aportante pierda la mitad del patrimonio aportado. Es por eso que, se existe la posibilidad de formalizar cláusulas resolutorias del negocio jurídico al amparo del artículo 641 del Código Civil. Cabe la posibilidad que ante una crisis matrimonial el cónyuge que haya aportado un bien privativo a la sociedad de gananciales pretenda revocar la donación por causa de ingratitud. Además, los cónyuges de mutuo acuerdo podrán dejar sin efecto el negocio jurídico de aportación (Resolución de la DGRN de fecha 24 de mayo de 2002).

¿Es posible reclamar una deuda reconocida en un testamento?

2 diciembre, 2019
El testador en la disposición testamentaria reconoce adeudar a una tercera persona una cantidad determinada de dinero. Años más tarde el testador otorga otro testamento quedando revocado el anterior. En el nuevo testamento no queda recogido el reconocimiento de deuda. En sentido estricto, en cuanto al precitado reconocimiento de la deuda es posible alegar que no se encuentra sujeto a las disposiciones sucesorias del Código Civil, en tanto en cuanto no se trata de una disposición de bienes en sentido estricto. Artículo 667 del Código Civil: “El acto por el cual una persona dispone para después de su muerte de todos sus bienes o de parte de ellos se llama testamento.” En reiterados pronunciamientos nuestro Alto Tribunal ha determinado que cualquier reconocimiento de derechos (reconocimiento de deuda) llevado a cabo en un testamento, que después hubiera sido revocado por uno ulterior, quedará sin efecto siempre y cuando no pudiera acreditarse por medio de otros medios de prueba la realidad o certeza de dicho derecho. Por consiguiente, queda fijado que un reconocimiento de deuda en una disposición testamentaria revocada por si solo carece de validez si no encuentra sustento en otros medio de prueba. Hacemos expresa referencia a la sentencia de la Audiencia Provincial de Cantabria de fecha 29 de junio de 2009: “En consecuencia y habida cuenta de que el testamento de agosto de 2003 fue revocado por el de 27 de octubre de 2003, la eficacia de aquella declaración (en que se reconoce una deuda) ha decaído no existiendo en consecuencia prueba sobre la ejecución de la obra cuyo precio se reclama.”

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